Ley de Extranjería: suma y sigue

Queridas lectoras, queridos lectores. Creo que quienes leéis mi blog o mis artículos a menudo no habréis podido contabilizar ni una sola palabra soez o fuera de tono. Ahora, por el contrario, creo que la situación lo está pidiendo a gritos. Os voy a explicar, si me lo permitís, las diferencias entre negativo, pésimo y jodido. Negativo es que un joven socialista sostenga ideas socioliberales, pésimo es que esa misma o ese mismo joven sostenga ese tipo de ideas porque confunde socioliberalismo con socialdemocracia y jodido es que esa o ese joven se esté licenciando en Ciencias Políticas. Este caso se da actualmente en la organización política a la que me honro de pertenecer, si bien, por el momento, no es generalizado.

No obstante, creo que es para empezar a alarmarse, porque, si las tendencias socioliberales arraigan demasiado en jóvenes que habrían de ser vanguardia y recambio generacional, puede que la socialdemocracia, tal como la conocemos actualmente, esté en peligro de extinción si atendemos a lo que observamos en nuestras y nuestros compañeros de partido. El socioliberalismo más que ser una ideología es más bien un estado de transición en el que se empieza renunciando a propuestas socialdemócratas en materia económica para acabar abrazando las proposiciones claves del pensamiento neoliberal en materia social, y lo que es infinitamente más grave, sin ser muchas veces conscientes de lo que estamos haciendo. Se empieza por asumir de rondón las recetas de las formas del capitalismo más destructivo y especulador para terminar obviando, por inercia, las ideas que en materia de bienestar, progreso y derechos civiles nos distanciaban hasta ahora de la derecha.

Todo esto viene al hilo de la aprobación de la reforma que pretende el endurecimiento de la Ley de Extranjería que el Gobierno piensa sacar adelante con los votos del Grupo Parlamentario Socialista, Convergència i Unió y Coalición Canaria. Pierde de este modo el PSOE una excusa muy socorrida para justificar el voto a favor en la llamada Directiva de la Vergüenza que tuvo a ponentes tan destacados como Sarkozy y Berlusconi: el Grupo Socialista en la Eurocámara pensaba votar mayoritariamente a favor para no quedarse solo frente a liberales y democristianos que podían boicotear propuestas venideras. Hemos dejado a nuestro Gobierno socialista solo ante el peligro. Y por tecera o cuarta vez en lo que va de año vuelve a girar a la derecha; lo peor, en este caso, es que ni siquiera se ha molestado en amagar una salida por la izquierda.

La justificación más sólida que se les ha ocurrido a las compañeras y compañeros del Grupo Socialista es que no se puede dar papeles para todo el mundo. Aparte del tufo derechón que tiene esta afirmación, que a estas alturas roza la categoría de cliché, no nos han descubierto nada nuevo.

La nueva ley pretende limitar el reagrupamiento familiar, lo que significa que la o el inmigrante tendrá que llevar residiendo cinco años en España para traer a su cónyuge -aun no existiendo vínculo matrimonial-, a las hijas e hijos siempre y cuando sean menores de dieciocho años y a los padres que superen los sesenta y cinco años de edad. Esta limitación puede ser comprensible hasta cierto punto, más en tiempos de crisis y porque todo proceso migratorio requiere una adaptación del individuo y la integración social -vital si queremos evitar la formación de ghettos- por lo que una venida en masa -que nunca se produce pese a las advertencias de voces agoreras- puede facilitar las cosas a los explotadores de turno al contar con ingentes cantidades de población desarraigada. Por otra parte, no es menos cierto que las posibilidades de reagrupamiento actuales podían ser una oportunidad para que la persona pudiera mantener a su familia aquí y no enviar remesas a su país que, aparte de los costes para la o el inmigrante, es dinero que no se queda en España. Además, al paso que llevamos en lo que al envejecimiento de la población autóctona se refiere y la baja tasa de natalidad, la población inmigrante es decisiva a la hora de contribuir a la Seguridad Social para pagar las pensiones venideras de nuestros padres y las de nosotras y nosotros mismos.

Los aspectos más novedosos de la Ley son casi una réplica dulcificada de la política de inmigración de Sarkozy, como mínimo. La nueva Ley de Extranjería amplía el plazo de internamiento en un centro especialmente designado para el inmigrante sin papeles de cuarenta a sesenta días. En este tiempo, permanece recluido, incomunicado y, dado que no se le acusa de ningún delito concreto, sin posibilidad de recibir asistencia legal ni asesoramiento jurídico. Se pueden imponer multas de hasta 10.000 euros a quien favorezca la estancia de una persona extranjera en situación irregular, así se pretende -se argumentará- evitar que alguien dé cobijo a inmigrantes para poder utilizarlos como mano de obra sin derechos, pero creo que esto incidirá en la ruptura de cualquier lazo de solidaridad con la persona que se persigue y que ha cometido, presuntamente, una infracción administrativa, no un delito. Sin embargo, la disposición más deleznable, sin lugar a dudas, es la que echa por tierra la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Plan Integral contra la Trata que han sido aprobados por el mismo gobierno que ahora pretende que, mediante esta reforma, las mujeres extranjeras que denuncien violencia de género puedan ser expulsadas sin contemplaciones si se encuentran en situación irregular y, supongo que por derivación, a las mujeres que se atrevan a escapar y denunciar a las mafias que las han traído ilegalmente a España para utilizarlas como esclavas sexuales. Nos hemos coronado, compañeras y compañeros de partido. Suma y sigue.