La política exterior progresista realmente existente

Supongo que muchas y muchos de vosotros veréis en el título de este artículo un calco de la coletilla que se ponía al término “socialismo” o “comunismo” en los países que se arrogaron su implantación: “socialismo realmente existente”, dando a entender que, aunque podrían darse otras formas de socialismo y quizá hasta mejores, el único viable era el instalado en la URSS o la Alemania del Este. Estas tesis resultaron ser erróneas; espero que también lo sean en la política internacional elaborada desde la izquierda. Y es que, después de las declaraciones del Coordinador General de Izquierda Unida -Cayo Lara- anteayer y la resolución aprobada en el Congreso el pasado 24 de junio que ponía límites a la justicia universal española, cada vez tengo más dudas. Maximalismo, relativismo cultural y vergonzoso seguidismo al neoconservadurismo es lo que vengo percibiendo en las propuestas elaboradas desde la izquierda para el ámbito exterior.

Anteayer Cayo Lara expresó al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, el firme compromiso de Izquierda Unida para realizar distintas “acciones” que detuvieran en el Senado lo aprobado por el Congreso de los Diputados a finales de junio, esto es, la ley que eliminaría prácticamente la jurisdicción universal hasta entonces ejercida en la práctica por España. El dirigente izquierdista no tuvo empacho en calificar la acción impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de “regalo” de la Administración española al gobierno de Netanyahu. Ante lo manifestado por Lara, Abbas calificó a IU de “formación hermana de los palestinos”. Dejando aparte la exaltación de la amabilidad en los encuentros diplomáticos, creo que la expresión empleada por Abbas no es inocente y denota una serie de cosas. Si yo estuviera en el lugar de Cayo Lara, preferiría ser calificado de firme defensor de los Derechos Humanos o de la Justicia internacional o, incluso, “amigo” de un pueblo que “hermano”. Este último término denota una incondicionalidad que puede ser perjudicial para los objetivos de la izquierda. La injusticia se defiende en favor de la víctima y en contra del agresor, sea uno y otro quien sea y caiga quien caiga.

El gesto de IU no debería interpretarse como un cheque en blanco para Palestina: si hay que arremeter y aplicar la jurisdicción universal a Hamás, aunque esté en el poder, por violaciones de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional, hay que hacerlo sin contemplaciones, que todos sabemos lo que ocurre cuando una nación denomina a una organización política o a otro estado o nación “hermano”: te retiran tal consideración en el momento en que no se les otorgue la razón en todo y cuando se les antoja. Actitudes como ésta se pueden venir percibiendo en los partidos a la izquierda de la socialdemocracia a nivel europeo. Es tan desmesurado el deseo de marcar una tendencia que rompa con la homogeneidad de la política internacional impuesta por el modelo de globalización neoliberal, que muchas de estas formaciones se afanan en apoyar explícita o implícitamente o, al menos, a mirar para otro lado a países, gobernantes y líderes que destacan por sus tropelías, salidas de tono y ataques a la democracia y a los Derechos Humanos en sus propios países sólo porque son unos verdaderos hooligans antiyanquis y, claro, tendrán sus cosillas pero son los únicos que tienen los arrestos de hacerle un corte de mangas al Tío Sam, valga lo gráfico del símil. Qué gamberretes, qué revolucionarios son estos chicos, pensarán algunos. Maximalismo por un lado, porque se pretende romper una tendencia a la homogeneidad en el ámbito internacional aun dando apoyo, aunque sea mediante la palabra o el silencio, a elementos peligrosamente desestabilizadores, y, por otro, relativismo cultural, porque muchos de estos apoyos que a algunos se antojan incondicionales, están basados en la imposibilidad y la ilegitimidad para emitir juicios sobre actitudes y modos de actuación de los dirigentes cuyos países se encuentran en una órbita cultural totalmente diferente a la occidental.

Otro asunto, opuesto y totalmente criticable, es la posición adoptada por el Gobierno socialista en materia de jurisdicción universal. Recordemos que el pasado 24 de junio, el Congreso aprobaba con los votos de PSOE, PP, CIU y PNV una ley por la que se ponía punto y final a la jurisdicción universal española. Un diputado peneuvista aseguraba que sólo se había limitado este principio. Teniendo en cuenta que a partir de ahora la Audiencia Nacional tan sólo podrá intervenir contra los estados acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, de genocidio o de guerra en la que se vean implicados ciudadanas o ciudadanos españoles, el principio deja de existir como tal en la práctica, pues la Audiencia sólo se limitará a intervenir en casos que, al fin y al cabo, afectan directamente a España, como si hubiera sucedido dentro de nuestras fronteras. Semejante medida contradice el compromiso de este gobierno de colocarse a la vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos y a ver qué consecuencias tiene esto para el avance del proyecto de Alianza de Civilizaciones. Además, establece un doble rasero injustificable: resulta que había víctimas y agresores de primera y de segunda: qué valientes somos y cuánto pecho sacamos a la hora de pedir, gestionar y llevar a cabo el juicio de un señor de la guerra africano, de un general golpista latinoamericano o de un dictador asiático pero cómo nos achantamos cuando los conflictos salpican a países habitados por mayoría blanca, occidentales u occidentalizados. Se han cortado las alas a los jueces encargados de investigar este tipo de crímenes cuando el asunto ha tocado a Estados Unidos e Israel. El PSOE ha seguido sumisamente al PP en su propuesta cuando el juez Andreu decidió abrir una investigación contra responsables del Ejército israelí y del Ministerio de Defensa de Israel tras el ataque del Estado Hebreo a Gaza la pasada primavera. España ha perdido la oportunidad de consolidar una verdadera fuente de poder y de prestigio internacional. En un mundo que forzosamente ha de encaminarse al multilateralismo y unas relaciones exteriores basadas en la cooperación, el principio de jurisdicción universal dotaría a España de una autoridad y una capacidad de arbitraje evidente así como de un inmenso poder diplomático, cosa nada desdeñable si tenemos en cuenta que, como dijo Ortega y Gasset, a largo plazo el poder es más una cuestión de posaderas que de puños.        

Creo que, independientemente del pragmatismo y de la velocidad con la que los distintos estados han de tomar posturas y resoluciones en asuntos que, dándose fuera de sus fronteras los salpican directamente, no estaría de más que los partidos que se dicen de izquierda o progresistas se detuvieran un momento a reflexionar y a elaborar documentos que sirvieran de guía. Inicialmente se trataría de ejercicicios puramente teóricos aunque, eso sí, siempre teniendo en cuenta el marco actual en el que se desarrollan las relaciones entre estados pero siempre fijando, si no metas, sí objetivos y posturas maestras ante situaciones clave que determinen una posición coherente, lo que no está reñido con el pragmatismo que manda el tantas veces desafortunadamente invocado principio de la Razón de Estado.